Fernando Castro Molina

Iniciativa para frenar prácticas de usura y estafa a migrantes: en el olvido en el Congreso

Desde el 28 de abril de 2021, fue presentada propuesta de reformas al Decreto 17-73 del Código Penal, para regular y sancionar la usura y estafa migratoria, quedando en el olvido en el Congreso de la República, la que debe discutirse.

Se expresó que la iniciativa, surgía ante los sucesos que pasan las familias guatemaltecas cuando un integrante emigra y pierden sus viviendas, terrenos y propiedades, por estafadores denominados “Coyotes”, que les prometen llevarlos a Estados Unidos o por prestamistas que proporcionan el dinero en garantía de propiedades, pero que en realidad pierden sus terrenos o casas, pues resulta una estafa, al realizar una compra venta por un precio menor del valor real de la propiedad, siendo cientos de casos existentes, que el Colegio de Abogados debería investigar, así como la Procuraduría de Derechos Humanos PDH.

Se indicó en su momento, que la iniciativa era el resultado de trabajo que se llevó a cabo por autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA, presidentes de las comisiones de Migrante y Relaciones Exteriores y asesores jurídicos, pero la iniciativa duerme el sueño eterno en el Congreso de la República de Guatemala, pero estar en el olvido actualmente.

Ello demuestra la falta de interés en apoyar a los guatemaltecos migrantes y a sus familias, a quienes con engaños y sacrificios generalmente, se les ofrece el paraíso de llegar a EEUU para obtener trabajo y prevalecen los engaños y finalmente, para perder sus propiedades.

Es por ello que los alrededor de 15 integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Migrantes del Congreso, representantes de diversas organizaciones, deben activar la discusión de la iniciativa planteada, para enriquecerla o aprobarla.

Asimismo, las autoridades de CONAMIGUA, demostrar la efectividad de trabajo en cabildear con jefes de bancadas, para promover entrar a discutir iniciativa en el pleno del Congreso, buscar el apoyo de representantes de organizaciones de inmigrantes, siendo incongruente no tener apoyo dichas autoridades, al ser electas por los miembros del organismo legislativo.

Al analizar la propuesta presentada en abril 2021, en su artículo 1.º., se propuso adherir el artículo 264 Ter., al Código Penal, en el cual define que comete delito de estafa migratoria, quien ofreciera en cualquiera de sus modalidades, la obtención de cualquier clase de visas a un país extranjero de forma engañosa y fraudulenta.

A la vez, el responsable de este delito, sería sancionado con prisión de 3 a 6 años inconmutables pena que considero debe incrementarse a 15 años y una sanción economica comprendida de Q100 mil a Q500 mil.

En el artículo 2.º., se adiciona el artículo 276 Bis., al Código Penal y en el que se especifica, que comete usuro migratorio quién exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fija la Ley, o que sea evidentemente desproporcionado con la prestación económica, así como por el financiamiento a un recorrido migratorio irregular a un país extranjero.

En este caso el responsable de este delito, sería sancionado con prisión de 3 a 6 años inconmutables que en lo personal incrementaría a 15 y la imposición de una multa comprendida de Q10 mil a Q100 mil.

Es hora de trabajar en temas que protejan a los migrantes y sus familias de estafas, siendo el primer paso de muchos que deben realizarse, mostrando voluntad y apoyo político.