Ejecutivo abre convocatoria para magistrados de la CC 2026-2031
El Organismo Ejecutivo publicó este lunes 9 de febrero, en el Diario de Centro América, la convocatoria oficial para la elección del magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), cargos que serán designados directamente por el presidente de la República en Consejo de Ministros para el período 2026-2031.
La invitación está dirigida a abogados y abogadas interesados en participar en el proceso de selección. Según el documento, los expedientes deberán presentarse en la Secretaría General de la Presidencia de la República, ubicada en la 6 avenida 5-34, zona 1 del municipio de Guatemala. La recepción de documentos se realizará del 16 al 20 de febrero, en horario de 9:00 a 17:00 horas.
Entre los requisitos establecidos, los aspirantes deben ser guatemaltecos de origen, abogados colegiados activos, de reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de graduación profesional.
Además, se señala que se dará preferencia a quienes posean experiencia en la función y administración pública.
Los interesados deberán presentar su expediente foliado e impreso, junto con una copia en formato PDF almacenada en disco compacto o memoria USB.
Dentro de la documentación requerida se incluye una solicitud dirigida al presidente de la República manifestando su interés en participar, copia del Documento Personal de Identificación (DPI), certificado de nacimiento, constancia de colegiado activo, así como certificaciones que acrediten carencia de antecedentes penales y policiacos.
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También deberán presentar constancia de no haber sido sancionados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, certificación del tiempo de ejercicio profesional, fotocopia del título universitario debidamente registrado y currículum vitae actualizado con fotografía reciente, que detalle formación académica, experiencia laboral y capacitaciones relevantes.
Asimismo, el proceso exige la presentación de una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos o finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas, constancia del pleno goce de derechos políticos extendida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y una declaración jurada en la que el aspirante confirme que cumple con los requisitos constitucionales y legales para optar al cargo.
