Gobierno oficializa nuevo estado de prevención por 15 días
El Gobierno de Guatemala oficializa este miércoles un nuevo estado de prevención, luego de que fuera publicado en el Diario de Centro América mediante el decreto gubernativo 3-2026.
La medida había sido anunciada el pasado lunes por el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa La Ronda y entra en vigor desde el día de su publicación en el diario oficial.
Según el Ejecutivo, el objetivo es dar continuidad a las acciones orientadas a prevenir ataques contra las fuerzas de seguridad y la población, garantizando el orden público y la seguridad ciudadana. Esta disposición se implementa tras la finalización del primer estado de prevención, que inició el 17 de febrero y que, de acuerdo con el mandatario, permitió combatir estructuras terroristas y el crimen organizado.
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Arévalo destacó que la medida permitirá mantener los llamados “operativos quirúrgicos” dentro y fuera de las cárceles, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército. Estas acciones excepcionales, afirmó, han contribuido a una reducción del 8% en los homicidios durante los primeros meses del año.
¿En qué consiste el estado de prevención?
De acuerdo con la Ley de Orden Público, el estado de prevención no puede durar más de 15 días. Durante este período, el Ejecutivo podrá:
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Limitar la celebración de reuniones y manifestaciones al aire libre, así como otros espectáculos públicos, e impedir que se lleven a cabo.
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Disolver por la fuerza, sin necesidad de advertencia previa, cualquier grupo o manifestación pública donde se utilicen armas o se cometan actos de violencia.
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Prohibir la circulación o el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horarios determinados, impedir su salida de poblaciones o someterlos a registro.
El decreto también establece que las medidas no pueden contradecir lo dispuesto en la Constitución Política de la República ni las obligaciones del derecho internacional. Además, no deben generar discriminación por motivos de etnia, sexo, idioma, religión u origen social, ni limitar la presentación de garantías judiciales indispensables.
Desde el inicio del primer estado de prevención, el mandatario reiteró que estas acciones están dirigidas exclusivamente contra quienes infringen la ley y no contra los ciudadanos que trabajan y contribuyen al desarrollo del país.
