Congreso sigue sin aprobar Ley contra Lavado en Guatemala
Tras una sesión de más de cinco horas, el Congreso de la República no logró aprobar en redacción final la iniciativa 6593, que busca dar vida a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impulsada por el Organismo Ejecutivo.
La propuesta tenía como objetivo modernizar la normativa vigente desde 2001 y alinearla con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de fortalecer el sistema financiero y jurídico del país. Sin embargo, la discusión se estancó luego de que diputados de distintas bancadas condicionaran su apoyo a reformas en el artículo 14 de la Ley del Ministerio Público (MP), lo que abriría la posibilidad de que el Presidente pudiera remover al fiscal general.
Aunque la Comisión de Economía y Comercio Exterior depuró más de 40 enmiendas y presentó un texto unificado, la iniciativa no alcanzó los votos necesarios para su aprobación final.
De acuerdo con lo discutido, la normativa entraría en vigencia tres meses después de su publicación en el diario oficial, en caso de ser aprobada.
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Entre los cambios más relevantes se encuentra la redefinición del artículo 2, que amplía conceptos clave como beneficiario final, personas expuestas políticamente (PEP) y proveedores de servicios de activos virtuales. También se ajustó el artículo 3 para incluir a notarios en operaciones vinculadas a activos virtuales, y el artículo 4 amplía el listado de sujetos obligados, con respaldo de la Intendencia de Verificación Especial.
Uno de los puntos más debatidos fue el régimen aplicable a las personas expuestas políticamente, estableciendo medidas de debida diligencia durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de dejarlo.
Además, se fijaron plazos para actuaciones del Ministerio Público, que deberá solicitar la validación judicial de medidas cautelares en un máximo de tres días.
En materia de control y resguardo de información, la iniciativa establece la obligación de conservar registros de transacciones por cinco años en formato físico y hasta diez años en formato digital, como parte del fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización financiera.
