Se agota el tiempo para aprobar presupuesto 2025
El 30 de noviembre vence el plazo para la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2025, pero la Comisión de Finanzas aún tiene pendiente el dictamen respectivo, aunque habían proyectado entregarlo antes del día 15.
Lo anterior se debe a que los diputados que integran esa sala de trabajo aún no han alcanzado los consensos necesarios para firmar ese dictamen; mientras tanto, el presidente de la sala de trabajo, Julio Héctor Estrada, explica que el monto podría ser menor a los GTQ Q148 mil millones, que envió el Ministerio de Finanzas.
Los diputados iniciaron el análisis después del 30 de octubre, cuando concluyeron las audiencias públicas con representantes de los diferentes ministerios, secretarías y organizaciones no gubernamentales que administran fondos públicos.
La propuesta en discusión destina el 20 % a la inversión pública, lo que representa unos Q29 mil 653 millones y contrasta con el 66.6 % destinado a funcionamiento.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) denota un aumento del 0.2 % en la inversión, pero continúa siendo bajo en comparación con las necesidades del país, lo que afecta la competitividad y el crecimiento a largo plazo, estiman los analistas de esa entidad; además, sugieren que uno de los puntos para ordenar el gasto de funcionamiento es que la negociación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo se lleve a cabo con total transparencia, garantizando la aplicación de altos estándares entre los sindicatos de trabajadores y el Estado de Guatemala.
La cifra planteada por el Ministerio de Finanzas es de Q148 mil 526 millones, que equivale al 15.8 % del Producto Interno Bruto del país.
Ante esta propuesta, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras considera que el presupuesto planteado pone en riesgo la salud fiscal del país, al destinar solo un 19.9 % para inversión pública; de esa cuenta, solicitan al Gobierno de Bernardo Arévalo un presupuesto que defienda los intereses de todos los guatemaltecos, que controle el gasto corriente y que adopte una proyección conservadora sobre la recaudación.
