¿Cuáles son los avances y desafíos en el Estados de Derecho?
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y Crime Stoppers, presentaron el tema un análisis sobre el Estado de Derecho en Guatemala
El investigador del CIEN, David Casasola, indica que según la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, “Estado de Derecho” es un principio de gobernanza para las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, donde hay leyes de conocimiento público que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, en compatibilidad con las normas y principios internacionales de derechos humanos.
“Un Estado de Derecho facilita la creación de condiciones para mejorar el nivel de vida de la población, mediante un gobierno efectivo que provea bienes y servicios de calidad y un entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas beneficiosas para el país”, manifiesta el expositor.
Casasola comunicó que “desde 2012, el World Justice Project – WJP, realiza la medición del Índice del Estado de Derecho (IED), a partir de ocho factores y 44 sub factores, cuyas puntuaciones (cercano a 1 es un Estado de Derecho fuerte y cercano a 0 es uno débil) se construyen a partir de la percepción que las personas entrevistadas tienen sobre situaciones concretas relacionadas con el Estado de Derecho. Desde 2015”, aclara.
Guatemala se ha mantenido estable en el ranking, con una puntuación de 0.44. Para 2024 ocupó el lugar 107 de 142 países, con Gobierno Abierto y Derechos Fundamentales como los factores con mejor punteo (58 y 48 percentil) y justicia civil y criminal con los punteos más bajos (5 y 11 percentil)”.
El investigado advierte que Guatemala pasó de ocupar el puesto 97 de 113 en 2016 (el percentil 14) al puesto 107 de 142 (el percentil 25) debido al deterioro de otros países y no gracias a avances internos.
Actualmente, Guatemala se cataloga con un apego débil al Estado de Derecho. Sobre los factores peor calificados” informó Casasola, “en cuanto a justicia civil, los entrevistados refieren que se perciben retrasos irrazonables (nota 0.13 de 1) y que su aplicación no es efectiva (nota 0.22 de 1). Mientras tanto, en justicia criminal, el Sistema Penitenciario no reduce el comportamiento delictivo (nota 0.15 de 1) y que la investigación criminal no es efectiva (nota 0.20 de 1)”.
Casasola concluye que es clave impulsar la implementación de una estrategia de transformación digital para los tres organismos del Estado, con el propósito de ser más transparentes, con énfasis especial en la reducción de los plazos dentro del sistema de justicia; de esa cuenta, deben construirse estadísticas que monitoreen los tiempos que toma realizar distintos procesos para impartir justicia; lograr una agenda de trabajo priorizada en el Organismo Judicial para atender los principales cuellos de botella de la justicia civil; promover la creación de un plan estratégico con metas comunes para las instituciones de la justicia penal y que se elaboren presupuestos con una visión conjunta; y avanzar en el desarrollo de infraestructura penitenciaria y en la implementación del Nuevo Modelo de Gestión penitenciaria, para retomar el control interno de las cárceles.
