Interoperabilidad: El idioma que los Estados deben aprender

Cuando las instituciones no se entienden entre sí, el ciudadano paga la factura. Trámites repetidos, papeles innecesarios, colas interminables. ¿Y si el problema no es la ley, ni la tecnología, sino que el Estado simplemente no sabe hablar consigo mismo?

I. ¿Qué es interoperabilidad y por qué debería importarte?

Interoperabilidad no es un término técnico reservado para ingenieros. Es una condición de justicia administrativa.  Es la capacidad de que las instituciones públicas compartan información entre sí de forma segura, ágil y eficiente, sin pedirle al ciudadano que haga de mensajero entre oficinas.

Cuando el sistema de salud no reconoce el dato que tiene el RENAP, o cuando la SAT no puede verificar lo que ya registró el IGSS, lo que tenemos no es un problema de tecnología. Es un problema de idioma institucional.  La interoperabilidad es ese idioma común.  Es lo que permite que la información fluya sin fricciones y que el ciudadano no tenga que demostrar mil veces que existe.

III. La ciudadanía como víctima del desorden digital

Cuando un país no tiene interoperabilidad:

• El ciudadano repite sus datos en cada trámite.
• Tiene que llevar fotocopias de documentos que el propio Estado emitió.
• Las instituciones duplican bases de datos, lo que genera contradicciones, errores y oportunidades de corrupción.
• Se pierde tiempo, recursos, confianza.

En estos contextos, el ciudadano no solo es cliente. Es víctima. Víctima de sistemas que no conversan.  De plataformas que se crearon sin visión estratégica. De Estados que digitalizaron sin integrar. El resultado es una frustración social profunda:  una burocracia disfrazada de modernidad.

III. ¿Qué es una interoperabilidad bien hecha?

Un sistema interoperable no centraliza toda la información, pero sí la conecta.

Cada institución sigue siendo responsable de sus datos, pero los comparte cuando es necesario, bajo principios éticos, jurídicos y tecnológicos. Los países que lo han logrado —como Estonia, Dinamarca, Corea del Sur— muestran los beneficios: 

• Trámites que toman segundos.
• Reducción del 80% en costos operativos.
• Eliminación de procesos repetitivos.
• Aumento exponencial de la confianza ciudadana.

No se trata solo de eficiencia. Se trata de respeto al tiempo y a la dignidad del ciudadano.

Guatemala: rezagos, riesgos y oportunidad

Guatemala aún depende, en muchos casos, de modelos manuales, silos digitales y plataformas que no conversan entre sí.

¿Qué consecuencias tiene eso?

• Pérdida de tiempo para el ciudadano y para el servidor público.
• Mayores oportunidades de corrupción (cuando no hay trazabilidad, hay discrecionalidad).
• Exclusión digital: quienes no saben navegar el sistema se quedan fuera.
• Imposibilidad de tomar decisiones basadas en datos integrados.

El país necesita urgentemente un Marco Nacional de Interoperabilidad que sea obligatorio, con lineamientos claros y acompañamiento técnico. No como recomendación, sino como política de Estado.

Este marco debe establecer:

• Protocolos únicos de identificación (como el CUI).
• Estándares de seguridad, trazabilidad y encriptación.
• Reglas sobre qué datos se comparten, con quién y bajo qué condiciones.
• Una arquitectura digital común que facilite la integración progresiva.
• Más que técnica: una reforma ética

Interoperabilidad no es solo cuestión de cables y servidores.
Es una decisión ética. Una declaración de principios. Cuando el Estado decide no ser interoperable, está diciendo: “Que el ciudadano cargue con el caos institucional.”  Cuando adopta la interoperabilidad, está diciendo: “Pondremos al ciudadano en el centro, y nos adaptaremos nosotros.” Esa diferencia es lo que separa a los Estados burocráticos de los verdaderamente digitales.

Casos inspiradores: del rezago al liderazgo

Estonia, país pequeño y con pocos recursos en los años 90, apostó por construir un sistema digital interoperable desde cero.  Hoy, el 99% de sus servicios públicos están disponibles en línea. Los ciudadanos solo deben registrar sus datos una vez en la vida. Todo lo demás fluye.  Brasil diseñó un marco de interoperabilidad obligatorio (e-PING), que permite la integración de plataformas federales, estatales y municipales. Esto ha reducido drásticamente la corrupción en trámites públicos.

México, Uruguay y Chile están avanzando con modelos similares, reconociendo que la digitalización sin interoperabilidad es apenas maquillaje.

VII. ¿Y si no lo hacemos?

Guatemala corre el riesgo de seguir multiplicando plataformas inconexas, sistemas que no escalan, y frustraciones ciudadanas que erosionan la confianza pública.  Lo digital no puede ser un privilegio.
Tiene que ser una infraestructura de inclusión, donde cada dato que el Estado ya tiene no deba ser pedido de nuevo, y donde el ciudadano no sea el pegamento que une ministerios dispersos. No basta con digitalizar.  Hay que orquestar. Integrar. Hablar el mismo idioma. Eso es interoperabilidad.

«Donde el Estado no conversa consigo mismo, el ciudadano carga con la ineficiencia. Interoperabilidad no es lujo: es justicia administrativa.»