Multas y cárcel para quienes expongan a niños en prisiones guatemaltecas
La presidenta en funciones, Karin Herrera, sancionó (aprobó) este fin de semana el Decreto 3-2025, el cual impone penas de más de 10 años de prisión y multas de hasta Q500 mil a quienes ingresen ilegalmente a niñas, niños y adolescentes en cárceles guatemaltecas.
«La niñez y la adolescencia estarán más seguras con la aprobación de la Ley para prevenir y sancionar la trata en el sistema penitenciario», afirmó Herrera.
La normativa, aprobada el 18 de febrero por el Congreso con 111 votos a favor, reforma la Ley del Régimen Penitenciario y el Código Penal para endurecer las medidas de control en los centros de detención.
A partir de ahora, solo se permitirá la visita de menores si el recluso es su familiar en primer o segundo grado de consanguinidad, y deberán estar acompañados por un adulto con tutela legal.
Además, la ley establece un sistema de registro y control de visitas, un mecanismo de visitas virtuales y un trabajo interinstitucional entre el Sistema Penitenciario, el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), entre otras entidades.
Con estas medidas, el Gobierno busca evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de trata y violencia dentro de los centros penitenciarios.
