Nuevo episodio de discordia entre el Ejecutivo y el MP
El presidente Bernardo Arévalo interpuso un tercer amparo en contra la fiscal general Consuelo Porras, lo cual vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites legales, la autonomía institucional y las estrategias políticas de ambos actores.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) podría influir en la percepción pública sobre la justicia y la gobernabilidad del país, aunque este ente rector cada vez más pierde la credibilidad de la opinión pública.
Este amparo tiene como mensaje de que la última palabra la tiene la autoridad judicial. Al respecto, Francisco Quezada, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), manifiesta que un amparo no puede limitar la función investigativa del MP, porque iría en contra de la Constitución y la ley.
La fiscalía realiza la investigación y presenta elementos al juez, quien toma la decisión. En este contexto, el amparo no tiene futuro, debido a que no puede contradecir la autonomía constitucional del MP y tampoco impedir que actúe conforme a la ley, dice.
El juez es quien controla la investigación y puede ordenar nuevas diligencias, si lo considera necesario. La Corte de Constitucionalidad (CC) ha sido clara en proteger la autonomía del MP frente a presiones externas, aunque su actuación es calificada de selectiva, la cual ha favorecido a los funcionarios acusados de corrupción durante el gobierno de Giammattei e implacable contra activistas sociales y defensores de la democracia.
En tres ocasiones, el presidente Bernardo Arévalo a buscado por la vía legal que la fiscal general sea destituida. Primero, interpuso un antejuicio y denuncia penal por incumplimiento de deberes; luego, un antejuicio por violación a la Constitución y abuso de autoridad; finalmente, un amparo por violación de derechos indígenas. El mandatario también promovió la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, tampoco tuvo eco en el Congreso.
Francisco Quezada considera que no puede pedirse al MP que no actúe conforme a la ley, porque es inviable según la Constitución. Advierte que el presidente de Guatemala busca revertir la autonomía del MP, pretendiendo que el fiscal sea un subordinado presidencial, algo que no se puede admitir en el marco legal.
La percepción pública sobre el momento y el contexto de las investigaciones que realiza el Ministerio Público genera sospecha en la población y la pugna parece más un tema personal, en el cual se daña la institucionalidad y estabilidad nacional.
