Arévalo sanciona ley que promete transformar el sistema portuario
El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario, con el que Guatemala establece un nuevo marco jurídico para organizar, regular, planificar, desarrollar y supervisar las actividades portuarias del país.
La normativa crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad autónoma y descentralizada que tendrá entre sus principales funciones regular y fiscalizar el sistema portuario, realizar inspecciones y aplicar sanciones cuando corresponda. También deberá establecer objetivos, prioridades, metas e indicadores para impulsar la modernización y sostenibilidad de los puertos.
La ley declara la actividad portuaria de interés nacional y utilidad pública. Con ello busca facilitar inversiones públicas y privadas bajo criterios de transparencia y establecer condiciones para mejorar la infraestructura y continuidad de los servicios relacionados con el transporte marítimo.
Buscan estándares internacionales.
La APN también tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia portuaria. Entre ellos figura el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP), orientado a fortalecer las medidas de seguridad en instalaciones y operaciones marítimas.
El decreto incorpora además al Consejo de Usuarios del Sistema Portuario (Cusport), que contará con representación del sector privado comercial en el Directorio de la APN. La normativa también contempla una unidad de control interno encargada de recibir denuncias e investigar posibles irregularidades.
Otro de los objetivos es reducir trámites, agilizar el procesamiento de buques y disminuir costos y tiempos asociados al transporte. Para ello se establecen lineamientos que buscan promover la inversión y facilitar la incorporación de tecnología y equipos especializados.
El Decreto 20-2026 fue aprobado con el voto favorable de más de dos terceras partes del total de diputados. La nueva normativa entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
