Arévalo señala vacíos legales en reformas sobre medidas sustitutivas

El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 23-2026, que reforma el Código Procesal Penal en materia de medidas sustitutivas y control judicial, y lo devolvió al Congreso de la República con observaciones sobre su constitucionalidad y aplicación.

El veto es publicado este miércoles 28 de octubre en el Diario de Centro América, mediante el Acuerdo Gubernativo 173-2026. El decreto había sido aprobado por el Legislativo el 29 de septiembre.

Entre las objeciones del Ejecutivo figura la falta de precisión en las medidas sustitutivas que podrían aplicarse a personas procesadas por determinados delitos. Según el documento, esta ambigüedad podría generar incertidumbre entre los jueces al momento de decidir qué alternativas a la prisión preventiva están permitidas.

El presidente también cuestionó que la reforma haga referencia a delitos como la violación calificada, pese a que la disposición penal citada para fundamentar esa restricción habría sido derogada.

Otro punto observado es la creación de una Unidad de Control de Medidas Sustitutivas para apoyar a los órganos jurisdiccionales en el seguimiento de estas disposiciones. El Ejecutivo señaló que el decreto no contempla un período de transición ni un plazo para organizar e implementar esa unidad.

El presidente Bernardo Arévalo devolvió al Congreso el Decreto 23-2026 con observaciones sobre las reformas al Código Procesal Penal.

Además, las reformas al artículo 268 incorporan nuevos supuestos para la cesación del encarcelamiento con aplicación inmediata. Según las observaciones presidenciales, la falta de previsiones para adaptar el funcionamiento de los tribunales y las instituciones involucradas podría dificultar su ejecución.

Tras el veto, corresponde al Congreso conocer las observaciones y proceder conforme al mecanismo establecido en la Constitución.