Delitos informaticos

Guatemala establece penas de hasta ocho años por delitos digitales

La falsificación de información electrónica, la suplantación de identidad y el fraude digital tendrán sanciones de prisión en Guatemala, según la Ley Marco de Ciberseguridad, contenida en el Decreto 26-2026, publicada este martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América.

La normativa, aprobada por el Congreso de la República, establece un marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar delitos cometidos mediante sistemas informáticos y tecnologías de la información. También contempla mecanismos de cooperación entre instituciones públicas y privadas para responder a amenazas en el entorno digital.

El capítulo II, denominado «Delitos informáticos», detalla tres conductas que tendrán sanciones penales específicas: falsificación informática, apropiación de identidad ajena y fraude informático.

Estas son las penas establecidas

El artículo 48 establece penas de dos a seis años de prisión por falsificación informática. Esta conducta comprende introducir, alterar, borrar o suprimir datos o registros electrónicos sin autorización, con el propósito de generar información no auténtica que pueda utilizarse como verdadera para efectos legales.

El artículo 49 sanciona la apropiación de identidad ajena con penas de dos a cuatro años de cárcel. La disposición incluye la usurpación, falsificación o suplantación de la identidad de una persona individual o jurídica mediante sistemas informáticos, sin autorización. Si el delito se comete mediante la vulneración de medidas de seguridad, la pena aumenta de tres a seis años.

Por su parte, el artículo 50 contempla las sanciones más altas: de cuatro a ocho años de prisión por fraude informático. Esta conducta incluye manipular sistemas, introducir o modificar datos sin autorización o interferir en el funcionamiento de plataformas digitales para obtener un beneficio propio o para terceros y provocar daños patrimoniales.

¿Cuándo entrará en vigencia?

Aunque el decreto fue publicado este 17 de noviembre, sus disposiciones no entrarán en vigor de inmediato. El artículo final establece que la ley comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La legislación también busca desarrollar el marco institucional de ciberseguridad del país y establecer un régimen sancionatorio administrativo, además de las disposiciones penales y procesales para atender los delitos informáticos.




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