La brecha generacional del homo digital: exclusión por edad en la era de la identidad electrónica

No todos nacimos escaneando códigos QR ni firmando con el dedo. En una sociedad hiperconectada, la edad se ha convertido en un nuevo filtro de exclusión digital. La tecnología avanza, pero ¿avanza para todos?

La transformación digital fue anunciada como un camino hacia la eficiencia, la inclusión y la modernización institucional. Pero en medio del entusiasmo, una verdad incómoda ha comenzado a emerger: la digitalización también puede excluir. Y uno de sus rostros más silenciosos es la brecha generacional.

Mientras jóvenes de 20 años renuevan su pasaporte desde un celular y firman contratos con su huella digital, miles de adultos mayores siguen enfrentando trámites que ahora requieren habilidades tecnológicas que nunca se les enseñaron. Ya no se trata de brecha de acceso, sino de brecha de participación significativa.

I. Edad como nuevo factor de exclusión digital

En el diseño actual de muchos servicios digitales, la edad se convierte en un obstáculo implícito.
No por intención, sino por omisión.

• Formularios en línea que asumen conocimiento técnico.
• Aplicaciones que no consideran discapacidades asociadas a la edad.
• Trámites electrónicos que exigen correo, firma digital, validación biométrica o códigos enviados por apps.

Todo esto configura una identidad electrónica excluyente para quienes no crecieron en el entorno digital. Y la exclusión no es anecdótica: impacta acceso a servicios básicos, beneficios sociales, procesos de registro, atención médica, bancarización y participación ciudadana

II. No es solo acceso: es cultura, lenguaje y pedagogía

La brecha generacional no se resuelve solo con puntos de internet o entrega de tablets. Es un problema de diseño, pedagogía, empatía institucional y cultura administrativa.

El mundo digital tiene su propio lenguaje: captcha, onboarding, doble verificación, nube, wallet, QR, usuario y contraseña… Para quienes no han transitado esa lógica, cada paso puede ser una barrera. El error no es del ciudadano. El error es de un sistema que asume que todos ya saben lo que nadie les enseñó.

III. El impacto en el Sur Global: desigualdad sobre desigualdad

En países como Guatemala y buena parte del Sur Global, la brecha generacional se suma a otras ya existentes:

• Infraestructura débil: baja conectividad en zonas rurales o marginales.
• Desigualdad educativa: adultos mayores con alfabetización limitada.
• Ausencia de políticas digitales inclusivas: sistemas que no contemplan acompañamiento físico ni canales alternativos.

Así, la digitalización institucional —si no se regula con justicia— puede terminar reforzando la exclusión de los mismos sectores que buscaba integrar.

IV. ¿Qué debería hacer un Estado justo y moderno?

Un Estado que adopta la transformación digital como política pública debe garantizar que nadie quede atrás. Y eso implica:

1. Diseño universal: plataformas y servicios que funcionen para todos, sin importar edad, alfabetización o habilidades digitales.
2. Atención multicanal: coexistencia de opciones digitales, telefónicas y presenciales, sin penalizar a quien no puede digitalizarse.
3. Programas de alfabetización digital para adultos y adultos mayores, como parte del sistema educativo no formal.
4. Validaciones inclusivas: métodos de identificación electrónica que no dependan exclusivamente del celular o la biometría facial.
5. Acompañamiento humano: oficinas, guías y atención adaptada para personas mayores o sin competencias digitales.

V. De la eficiencia digital a la justicia institucional

Una institución que cierra su única ventanilla física y obliga a hacer todo en línea puede parecer moderna.
Pero si con ello deja fuera al 40% de su población, no ha digitalizado: ha segregado.  La eficiencia debe ir de la mano con el principio de justicia administrativa.  Y la verdadera justicia es aquella que acompaña a quien más lo necesita, no a quien ya sabe navegar el sistema.

VI. La inclusión generacional como política de Estado

En el marco del pensamiento Homo Digital, la identidad electrónica debe ser una puerta de entrada a derechos, no un muro que los bloquea.

Por eso, la política pública digital del siglo XXI debe asumir:

• Que la edad también es una dimensión de la desigualdad digital.
• Que la tecnología sin pedagogía puede convertirse en exclusión institucional.
• Que un Estado moderno no solo crea plataformas: crea puentes.

Incluir a las personas mayores en el nuevo pacto digital no es solo una medida social. Es una decisión civilizatoria.

«Una sociedad digital justa no excluye por edad. Cada sistema debe ser pensado para incluir también a quienes no crecieron con él».