Requisas en cárceles dejan 1 mil 803 celulares incautados en 2026
Las cárceles de Guatemala acumulan 306 requisas entre enero y el 31 de julio de 2026, operativos en los que las autoridades incautan 1 mil 803 teléfonos celulares. Las diligencias forman parte de las acciones del Sistema Penitenciario (SP) para retirar objetos prohibidos y reforzar el control dentro de los centros.
Las requisas cuentan con la participación de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala, además de otras unidades de seguridad cuando las circunstancias lo requieren. Uno de los principales objetivos es localizar dispositivos de comunicación que puedan facilitar contactos no autorizados con el exterior.
Los celulares son considerados un elemento de riesgo debido a que, según investigaciones de las autoridades, pueden utilizarse para coordinar extorsiones, amenazas y otros hechos delictivos desde el interior de los centros penitenciarios.
Inspecciones por sectores
La presencia constante de objetos prohibidos pese a las inspecciones responde, según las autoridades, a la forma en que se ejecutan las requisas. Los operativos son focalizados y sectoriales, por lo que una diligencia no necesariamente comprende todas las áreas de un complejo penitenciario.
Las nuevas inspecciones permiten revisar otros sectores y localizar objetos que no aparecen durante operativos anteriores. De esta manera, el SP mantiene controles periódicos en diferentes áreas de las cárceles.
🚨 RESULTADOS DE REQUISA EN EL BOQUERÓN 🚨
Unidades del Ejército de Guatemala, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, realizaron una requisa a gran escala en el Centro de Detención Preventiva “El Boquerón”, ubicado en el departamento de Santa Rosa, con el objetivo… pic.twitter.com/WvhLvptxAP
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 17, 2026
El trabajo también involucra a los guardias penitenciarios, responsables de evitar el ingreso y circulación de artículos no autorizados. Las autoridades han señalado la necesidad de fortalecer la integridad y capacitación del personal para prevenir actos de corrupción.
La estrategia busca mantener el control de los centros penitenciarios, reducir la presencia de objetos prohibidos y limitar las posibilidades de que desde las cárceles se coordinen actividades delictivas.
