La geopolítica de los datos: quién gobierna en la era digital

Los datos no solo alimentan algoritmos. Alimentan decisiones, estructuras de poder y modelos económicos. En el siglo XXI, no basta con controlar el territorio: hay que controlar el flujo de información. Y en esa guerra silenciosa, muchos países no han despertado. La geopolítica solía girar en torno a recursos naturales, fronteras militares y alianzas diplomáticas. Pero en la era digital, el principal recurso estratégico ya no es el petróleo, el agua o el oro.
Es el dato. Cada clic, cada compra, cada desplazamiento, cada relación —incluso cada silencio— genera información que es recopilada, procesada y monetizada. Esa información construye inteligencia comercial, política y militar, que da poder real a quienes saben capturarla y usarla.

Los datos son hoy el oxígeno del poder global. Y en este nuevo tablero, las reglas no las definen necesariamente los Estados.

El nuevo campo de batalla: el ciberespacio

A diferencia del espacio físico, el ciberespacio no tiene fronteras claras ni soberanías consolidadas. Allí operan con ventaja los actores que controlan la infraestructura: cables submarinos, servidores, satélites, plataformas y redes.

Las grandes potencias —y sus empresas— lo saben.

• Estados Unidos, con su ecosistema de plataformas (Meta, Google, Amazon, Microsoft), domina la economía de la información.
• China, a través de empresas como Huawei, Alibaba y TikTok, impulsa una estrategia de expansión digital con fuerte control estatal.
• La Unión Europea, con su enfoque regulador (como el GDPR y la Ley de Mercados Digitales), intenta equilibrar derechos ciudadanos con competitividad tecnológica.

¿Y los países del sur global?  La mayoría, consume tecnologías diseñadas por otros, bajo reglas impuestas por otros, sin capacidad real de incidencia.

Soberanía digital: el concepto que aún no se discute lo suficiente

Soberanía digital no es tener una página web estatal ni un centro de datos local.
Es la capacidad de una nación para proteger, regular y aprovechar sus datos conforme a su propio marco jurídico, ético y estratégico. En otras palabras:

• ¿Dónde están alojados los datos de nuestros ciudadanos?
• ¿Quién tiene acceso a ellos?
• ¿Con qué fines se procesan?
• ¿Qué marco legal los protege?
• ¿Puede el Estado auditar lo que hacen las plataformas con esos datos?

Cuando un país no puede responder con claridad a estas preguntas, no es soberano en la era digital, aunque tenga himno y bandera.

Los datos como instrumento de dominio

Muchos países han permitido que información crítica (educación, salud, movilidad, comunicaciones, finanzas) se gestione mediante plataformas extranjeras que no rinden cuentas localmente.

Esto plantea riesgos reales:

• Dependencia tecnológica: si mañana una empresa decide suspender su servicio o cambiar sus condiciones, deja al país sin capacidad de respuesta.
• Vulnerabilidad económica: la riqueza generada por los datos de millones de personas fluye hacia economías desarrolladas, sin tributar ni reinvertirse localmente.
• Riesgos de seguridad nacional: cuando la infraestructura digital de un país es operada por actores externos, cualquier conflicto geopolítico puede traducirse en una crisis interna.

Los datos no son neutros.  Son poder concentrado en código.

Guatemala: ¿potencial digital o territorio cedido?

En Guatemala, la digitalización avanza con esfuerzos importantes desde entidades como el RENAP, el MINFIN o el CIV. Sin embargo:

• La mayoría de servicios tecnológicos esenciales (correos, almacenamiento, comunicaciones, redes sociales) está en manos de empresas extranjeras.
• No existe aún una Ley Nacional de Protección de Datos Personales aprobada.
• Tampoco hay una política pública robusta sobre infraestructura tecnológica estratégica.
• Las instituciones carecen de capacidades técnicas y jurídicas para negociar con grandes plataformas.

Esto nos deja en una posición de consumidores de tecnologías, pero no de constructores de soberanía.

¿Qué puede y debe hacer un Estado en este contexto?

• Aprobar urgentemente una ley nacional de protección de datos personales, con enfoque en derechos fundamentales, supervisión técnica y control judicial.
• Desarrollar capacidades soberanas de infraestructura digital crítica: nube gubernamental, sistemas de identidad digital, ciberseguridad, conectividad rural.
• Crear un marco de negociación tecnológica estratégica con proveedores internacionales, que garantice transparencia, beneficio local y cumplimiento normativo.
• Formar talento humano especializado en gobernanza digital, derecho tecnológico y diplomacia cibernética.
• Participar activamente en foros regionales y multilaterales sobre soberanía digital y gobernanza de internet.
  
  El futuro no será neutral: o se gobierna, o se es gobernado

Los datos son la materia prima de la inteligencia artificial, del comercio global, de la seguridad y de la cultura.   Dejar su control en manos ajenas es entregar el timón de nuestra sociedad sin saber hacia dónde vamos. Por eso, el debate sobre soberanía digital no es opcional.  Es una condición para que Guatemala pueda:

• Diseñar políticas públicas informadas.
• Proteger a sus ciudadanos.
• Competir con dignidad en la economía global.
• Defender su modelo de sociedad en medio de presiones externas.

“Quien controla los datos, controla las decisiones. La soberanía digital es parte de la soberanía nacional”.