El uso de la tecnología en el registro y control de las organizaciones políticas
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO / Por Dr. Rudy Gallardo
Recientemente, hemos podido observar a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales la gran problemática que existe en torno a las organizaciones políticas que, de una u otra forma, intencionalmente o no, han incorporado en sus filas personas fallecidas o han incumplido al duplicar datos dentro de los registros oficiales presentados ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto ha afectado la participación de algunos candidatos y organizaciones políticas en el actual proceso electoral y ha generado en la sociedad una sensación donde las autoridades se han convertido en quienes restringen la oferta política, limitando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Las autoridades se encuentran en una encrucijada compleja, ya que por un lado su misión es promover el ejercicio pleno, igualitario e inclusivo de la ciudadanía y la participación de las organizaciones políticas para garantizar el derecho de elegir y ser electo, con el fin de alcanzar la consolidación de la democracia. Por otro lado, la débil estructuración de las organizaciones políticas las hace presas fáciles de incumplimientos legales que rompen la normativa vigente, y luego, al verse afectados, reclaman persecución política o se victimizan, desviando la atención de los hechos delictivos cometidos.
Estas acciones ponen en jaque a las autoridades, ya que si no cumplen con la ley y permiten la participación de estas organizaciones políticas a pesar de sus irregularidades, podrían verse envueltos en el incumplimiento de la ley y enfrentar procesos penales. Por otro lado, si cumplen con la norma como están obligados, sufren el desgaste de acusaciones que los muestran como los villanos de la democracia. Así, judicializando la participación de las organizaciones políticas y apartándolas del proceso electoral, se convierten en el primer y gran elector del proceso a nivel fáctico y perceptivo.
La propuesta que se plantea para impulsar el desarrollo de una democracia que reduzca este tipo de incidentes parte de una serie de elementos de tecnología, procesos e instituciones que ya están operando en Guatemala. Lo único que se requiere es la voluntad política para implementar soluciones que fortalezcan las organizaciones políticas y así garantizar el derecho a elegir y ser electo.
Hoy comparto con ustedes una visión de cómo se podría crear un sistema que cumpla con estos objetivos. Es necesario que el Tribunal Supremo Electoral cree un registro electrónico donde, desde un sistema informático, se registren, documenten y lleven a cabo los procedimientos establecidos en el «Manual de funciones y procedimientos del departamento de organizaciones políticas del registro de ciudadanos», emitido por el Tribunal Supremo Electoral.
Este sistema permitirá llevar registros de los datos de las personas que conforman la organización política, validando en tiempo real su identidad, aprovechando la conexión existente con el Registro Nacional de las Personas (RENAP). De esta manera, se evitará incorporar personas fallecidas y errores en la identificación de las personas, como números de CUI (Código Único de Identificación), firmas irregulares e incluso se podrá validar biométricamente a las personas a través de sus huellas dactilares, evitando así crear registros con huellas repetidas, firmas falsificadas y otros datos que generan problemas posteriormente. Además, permitirá adjuntar «documentos seguros» que pueden ser firmados digitalmente y así garantizar su inalterabilidad y dar seguimiento a los trámites, analizando y obteniendo información de la eficacia y rendimiento de los procesos desde su inicio hasta su culminación. Esto permitirá tanto al Tribunal Supremo Electoral como al solicitante transparentar la forma de registrar a las organizaciones políticas y evitar la problemática que generan, llegando al punto de desestabilizar un país. La sistematización de estos procesos traerá transparencia al proceso democrático desde su inicio y permitirá la auditoría de los procesos, de tal forma que los problemas no escalen a niveles que comprometan la viabilidad del proceso electoral.
