La libertad también exige criterio

Dos personas pueden recibir exactamente la misma información y llegar a conclusiones diferentes. Una puede revisar la fuente, buscar antecedentes, contrastar argumentos y reservar su opinión mientras obtiene mayores elementos. La otra puede aceptar la primera explicación disponible y compartirla inmediatamente. Ambas poseen acceso a la información y libertad para expresarse. La diferencia se encuentra en la manera en que ejercen esas libertades.

Durante mucho tiempo, buena parte de la discusión sobre ciudadanía se concentró en garantizar derechos indispensables: libertad de expresión, acceso a la información, participación política, libertad de conciencia y derecho al voto. La defensa de estas libertades sigue siendo fundamental. Sin embargo, disponer de ellas plantea una cuestión adicional: ¿qué capacidades necesita una persona para ejercerlas responsablemente?

La libertad de pensamiento no consiste solamente en que nadie impida pensar. Requiere también condiciones personales para examinar aquello que se presenta como verdadero. Una persona puede vivir en una sociedad jurídicamente libre y, al mismo tiempo, adoptar opiniones sin someterlas a ninguna evaluación propia. En ese caso no existe necesariamente una restricción externa de su libertad, pero sí puede existir una renuncia práctica al ejercicio del criterio.

Esta distinción adquiere importancia porque una democracia supone ciudadanos capaces de adoptar decisiones. Elegimos autoridades, evaluamos políticas públicas, formamos opinión sobre decisiones judiciales, discutimos asuntos económicos y participamos en conversaciones sobre problemas que pocas veces dominamos por completo. No es razonable esperar que cada ciudadano sea especialista en todas estas materias. Sí es razonable esperar que desarrolle herramientas para distinguir entre aquello que sabe, aquello que supone y aquello que simplemente ha escuchado.

Aquí aparece uno de los desafíos centrales de la ciudadanía contemporánea. Tener acceso a más información no equivale necesariamente a comprender mejor la realidad. La abundancia informativa incluso puede dificultar la tarea. Ante miles de mensajes, opiniones, titulares, videos, estadísticas e interpretaciones, seleccionar qué merece atención se convierte en una decisión intelectual previa a cualquier conclusión.

La psicología cognitiva ha mostrado que nuestro razonamiento no opera como un mecanismo completamente neutral. Buscamos patrones, utilizamos atajos mentales y podemos conceder mayor importancia a información compatible con nuestras convicciones previas. Estas características no convierten al ser humano en incapaz de razonar; muestran por qué el pensamiento crítico exige disciplina. Reconocer nuestra posibilidad de equivocarnos constituye una condición para revisar nuestras conclusiones.

El problema se vuelve particularmente relevante cuando una opinión pasa a formar parte de nuestra identidad. Si modificar una posición implica sentir que estamos traicionando al grupo al que pertenecemos, la evidencia deja de evaluarse únicamente por su contenido. Comienza a valorarse también por las consecuencias sociales de aceptarla. La discusión pública se empobrece cuando la pertenencia determina anticipadamente qué argumentos estamos dispuestos a escuchar.

Esto ocurre en distintos ámbitos. Puede suceder en política, religión, economía, academia, deporte o cualquier espacio donde existan identidades colectivas fuertes. Por ello sería equivocado atribuir el problema exclusivamente a una corriente ideológica o a un sector determinado. La tendencia a proteger nuestras convicciones frente a información incómoda forma parte de las vulnerabilidades del razonamiento humano y merece ser examinada precisamente porque ninguno de nosotros está completamente fuera de ella.

De esta reflexión surge el concepto central de este artículo, soberanía del criterio. Entiendo por ella la capacidad de una persona para conservar la responsabilidad final sobre sus propios juicios, aun cuando reciba influencia legítima de expertos, instituciones, comunidades, medios de comunicación, dirigentes o tecnologías.

Soberanía no significa autosuficiencia intelectual. Sería absurdo pretender comprobar personalmente cada conocimiento que utilizamos. Dependemos de médicos, científicos, ingenieros, juristas, economistas y muchas otras personas cuyo conocimiento especializado necesitamos. La cuestión no consiste en desconfiar de toda autoridad, sino en comprender por qué otorgamos confianza, reconocer los límites de nuestra propia competencia y mantener abierta la posibilidad de revisar una conclusión cuando aparecen mejores razones.

Por eso el criterio tampoco debe confundirse con opinión. Todos podemos tener opiniones; formar criterio exige un proceso más exigente. Supone buscar información suficiente, evaluar la calidad de las fuentes, distinguir hechos de interpretaciones, identificar intereses relevantes y considerar argumentos contrarios antes de adoptar una posición. En determinadas circunstancias, también exige admitir que todavía no contamos con elementos suficientes para pronunciarnos.

Decir “no lo sé” puede ser una expresión de madurez intelectual. La conversación pública, sin embargo, suele premiar la rapidez y la certeza. Se espera una posición inmediata frente a acontecimientos complejos, incluso cuando los hechos todavía no han sido establecidos. Esa presión favorece respuestas categóricas y reduce el espacio para la duda razonada. El ciudadano que reconoce los límites de su conocimiento no renuncia a participar; procura hacerlo con responsabilidad.

La soberanía del criterio también establece una diferencia entre persuasión y manipulación. Toda convivencia humana incluye intentos legítimos de persuadir. Un profesor presenta argumentos, un candidato procura obtener votos, una empresa comunica las ventajas de un producto y un ciudadano intenta convencer a otro. La persuasión reconoce, al menos en principio, la capacidad del interlocutor para evaluar razones y decidir. La manipulación busca obtener una conducta aprovechando vulnerabilidades, ocultando información relevante o dificultando deliberadamente una evaluación consciente.

Esta diferencia será cada vez más importante. Las decisiones humanas pueden ser estudiadas con creciente precisión y los mensajes pueden adaptarse a características específicas de distintos públicos. El problema ético no se encuentra simplemente en utilizar información para comunicar mejor. Surge cuando el conocimiento sobre una persona se utiliza para reducir su capacidad efectiva de deliberar y convertir sus vulnerabilidades en mecanismos de influencia.

Antes de abordar ese problema tecnológico, sin embargo, conviene reconocer que la defensa del criterio comienza en la persona. Ninguna regulación puede sustituir completamente el hábito de preguntar quién afirma algo, con qué evidencia, en qué contexto y qué razones existen para aceptar o rechazar esa afirmación. Las instituciones educativas pueden enseñar estas herramientas y las plataformas pueden introducir mecanismos de protección, pero finalmente existe una responsabilidad intelectual que no puede delegarse por completo.

La tradición bíblica contiene una recomendación particularmente pertinente: examinar las cosas y retener aquello que resulte bueno. El principio no exige aceptar una afirmación por la autoridad de quien la pronuncia; invita a someterla a examen. Esa actitud resulta compatible con una concepción de la persona como sujeto responsable, capaz de escuchar, discernir y decidir.

Una ciudadanía de propósito, concepto desarrollado en el ensayo anterior, necesita precisamente esta capacidad. No basta con participar; importa la calidad del juicio con el que participamos. Tampoco basta con tener voz; necesitamos aprender a utilizarla después de haber escuchado y examinado. De lo contrario, la ampliación de los espacios de participación puede multiplicar expresiones sin mejorar necesariamente la deliberación.

Esta cuestión tiene consecuencias institucionales. Los dirigentes encuentran menos resistencia a la manipulación cuando gobiernan sociedades que han renunciado al pensamiento crítico. Los medios poseen mayor poder para establecer interpretaciones cuando sus audiencias no distinguen información de opinión. Los intereses económicos pueden orientar con mayor facilidad decisiones de consumo cuando las personas desconocen las técnicas utilizadas para influir sobre ellas. La calidad del criterio individual termina produciendo efectos colectivos.

Por eso la formación ciudadana del siglo XXI necesita incorporar una dimensión que durante mucho tiempo pudo parecer secundaria: aprender a administrar la propia atención y el propio juicio. La alfabetización ya no consiste solamente en saber leer y escribir. También implica comprender cómo se produce la información, cómo se selecciona, qué intereses pueden intervenir y de qué manera nuestras propias preferencias condicionan la interpretación.

La libertad política protege al ciudadano frente a determinadas formas de coerción externa. La soberanía del criterio añade otra responsabilidad: evitar entregar voluntariamente a terceros la tarea de pensar por nosotros. Ambas dimensiones son necesarias. Una sociedad puede proteger formalmente la libertad de expresión y, sin embargo, tener una conversación pública pobre si sus ciudadanos renuncian al esfuerzo de examinar aquello que expresan.

La pregunta que queda abierta no es quién intenta influir sobre nosotros; siempre existirán personas e instituciones interesadas en hacerlo. La cuestión más importante es cuánto de nuestro juicio estamos dispuestos a delegar y bajo qué condiciones. En esa respuesta se juega una parte relevante de nuestra libertad y, con ella, de la calidad de la ciudadanía que estamos construyendo.