El ciudadano antes que el votante: La democracia se construye mucho antes de llegar a las urnas
Cada proceso electoral concentra durante algunos meses una atención que la ciudadanía rara vez recibe durante el resto del tiempo. Se discuten candidatos, encuestas, campañas, propuestas y posibilidades de victoria. Los medios amplían su cobertura política, los partidos movilizan simpatizantes y los ciudadanos son convocados a participar. Durante ese período, la democracia parece resumirse en una pregunta: ¿por quién vamos a votar?
La pregunta es importante, pero llega tarde. Mucho antes de escoger entre candidatos, una sociedad ha tomado innumerables decisiones que determinan la calidad de su democracia. Ha formado —o dejado de formar— ciudadanos capaces de comprender los asuntos públicos, distinguir argumentos de consignas, reconocer intereses, exigir cuentas, respetar las reglas y convivir con quienes piensan de manera diferente. La calidad del voto depende también de ese proceso anterior.
Reducir la ciudadanía al sufragio produce una comprensión limitada de la democracia. Votar constituye uno de sus actos fundamentales, pero no agota la responsabilidad ciudadana. Entre una elección y otra continúan funcionando tribunales, municipalidades, universidades, empresas, medios de comunicación, organizaciones sociales y entidades públicas. En todos esos espacios se toman decisiones que afectan la vida común y en todos ellos participan personas que, además de electores, son ciudadanos.
Esta distinción resulta especialmente importante porque el votante y el ciudadano responden a lógicas diferentes. El votante interviene en un momento determinado y adopta una decisión electoral. El ciudadano mantiene una relación permanente con la comunidad política. Se informa, trabaja, paga impuestos, utiliza servicios públicos, cumple obligaciones, reclama derechos, participa en organizaciones, educa a sus hijos, produce, consume, comunica y forma opinión. Su influencia sobre la sociedad no comienza ni termina en una urna.
Una democracia necesita elecciones libres, competitivas y periódicas. También necesita límites al poder, independencia judicial, libertad de expresión, seguridad jurídica y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Estas condiciones pertenecen al diseño institucional y deben protegerse jurídicamente. Pero su funcionamiento cotidiano requiere algo adicional: ciudadanos dispuestos a utilizar esas libertades con responsabilidad.
Aquí aparece una dificultad que merece atención. Los sistemas democráticos pueden garantizar el derecho a expresarse, pero no pueden garantizar que cada intervención pública sea razonable. Pueden proteger el acceso a la información, pero no obligar a examinarla críticamente. Pueden reconocer el derecho de participación, pero no determinar las razones por las cuales una persona participa. El derecho crea el espacio de libertad; el ciudadano decide qué hacer dentro de él.
La transformación del entorno informativo ha aumentado la importancia de esa decisión. Hoy una persona puede recibir, producir y distribuir información política de manera inmediata. Ya no depende exclusivamente de periódicos, radio o televisión para incorporarse a la conversación pública. Esa ampliación de posibilidades ha democratizado la expresión, pero también ha incrementado la responsabilidad individual. Compartir una acusación no verificada, descontextualizar una declaración o difundir deliberadamente información falsa son acciones privadas capaces de producir consecuencias públicas.
El problema no puede resolverse únicamente mediante controles externos. Una sociedad que pretenda combatir toda falsedad mediante censura corre el riesgo de comprometer las mismas libertades que desea proteger. Tampoco resulta suficiente confiar en que el mercado de ideas corregirá automáticamente cualquier distorsión. Entre ambos extremos existe un ámbito de responsabilidad que corresponde al ciudadano: desarrollar criterio para evaluar aquello que recibe antes de convertirlo en aquello que transmite.
Por eso la educación ciudadana no debería limitarse al conocimiento de las instituciones del Estado o de los procedimientos electorales. Necesita desarrollar capacidades de razonamiento, comprensión histórica, alfabetización económica y digital, argumentación y discernimiento ético. Una persona puede conocer perfectamente el procedimiento para emitir un voto y carecer de herramientas para evaluar las propuestas entre las que debe escoger.
Esta formación tampoco puede recaer exclusivamente sobre la escuela o la universidad. La familia transmite las primeras nociones de autoridad, responsabilidad y convivencia. Las organizaciones enseñan mediante sus prácticas cómo se resuelven los desacuerdos. Los medios contribuyen a establecer los términos de la conversación pública. Las empresas generan culturas de cumplimiento o tolerancia hacia determinadas conductas. Las instituciones religiosas y comunitarias forman criterios acerca de la responsabilidad frente al prójimo. La ciudadanía se aprende en muchos lugares antes de ejercerse políticamente.
Esta observación permite introducir el concepto central de este ensayo: ciudadanía de propósito. Entiendo por ella una forma de participación en la vida común que no se limita a reclamar derechos ni a intervenir electoralmente, sino que reconoce una responsabilidad personal en la construcción y preservación de las condiciones que hacen posible la convivencia.
El concepto requiere una precisión. Ciudadanía de propósito no significa uniformidad ideológica. Una sociedad plural contiene diferentes concepciones acerca de la economía, la justicia, la educación, la familia, el papel del Estado o las prioridades públicas. Pretender eliminar esas diferencias sería incompatible con la libertad. El propósito compartido se encuentra en un nivel distinto: preservar un marco en el que esas diferencias puedan discutirse sin convertir al adversario en enemigo ni utilizar el poder para excluirlo de la comunidad política.
Esta distinción resulta decisiva. La democracia no requiere que los ciudadanos estén de acuerdo; requiere que puedan estar en desacuerdo dentro de reglas que todos estén dispuestos a respetar. Cuando cada elección se interpreta como una confrontación definitiva entre quienes deben salvar a la sociedad y quienes supuestamente pretenden destruirla, disminuye el espacio para la deliberación y aumenta la justificación de cualquier medio destinado a impedir la victoria del contrario. En esas condiciones, el adversario deja de ser un ciudadano con una posición diferente y comienza a ser tratado como una amenaza cuya legitimidad puede desconocerse.
La tradición cristiana aporta a esta discusión una afirmación antropológica relevante: la dignidad de la persona no depende de su utilidad, posición, poder o coincidencia con nuestras propias convicciones. Aplicada a la vida pública, esta idea establece un límite importante. Podemos cuestionar con firmeza las ideas de otra persona, oponernos a sus propuestas e incluso procurar democráticamente que no alcance una posición de autoridad, sin negar por ello su dignidad. La discrepancia política no elimina la obligación de reconocer al otro como persona.
Esta forma de comprender la ciudadanía también modifica nuestra relación con el Estado. Un ciudadano responsable no espera que toda solución provenga de la autoridad pública. Existen problemas que requieren necesariamente intervención estatal, pero también existen responsabilidades que corresponden a familias, empresas, universidades, asociaciones y comunidades. Una sociedad civil activa amplía la capacidad colectiva para resolver problemas y evita convertir al Estado en el único actor imaginable frente a cualquier necesidad.
Aquí aparece una relación importante con los artículos anteriores de esta colección. El autogobierno permite administrar responsablemente la propia libertad. La arquitectura moral explica cómo esa conducta personal influye sobre las instituciones. El capital ético muestra que la confianza se acumula o se destruye mediante decisiones reiteradas. El poder fiduciario establece que la autoridad se recibe para cumplir un propósito y no para apropiarse de ella. La ciudadanía de propósito reúne estos elementos y los traslada al espacio común.
Esta perspectiva permite también revisar una práctica frecuente: exigir a los gobernantes virtudes que no siempre estamos dispuestos a practicar como ciudadanos. Reclamamos transparencia mientras toleramos pequeñas formas de engaño cuando nos benefician; exigimos cumplimiento de la ley mientras buscamos excepciones para nuestras propias obligaciones; denunciamos la intolerancia del adversario mientras descalificamos a quien piensa diferente. Estas contradicciones no justifican ninguna falta de las autoridades. Simplemente muestran que la cultura política no es producida únicamente por quienes gobiernan.
Las instituciones pueden establecer incentivos, controles y sanciones para limitar conductas perjudiciales. Deben hacerlo. Pero una democracia que dependiera exclusivamente de la amenaza de sanción sería extraordinariamente costosa y frágil. La convivencia requiere un margen considerable de cumplimiento voluntario, confianza interpersonal y aceptación de reglas incluso cuando su resultado inmediato no favorece nuestros intereses.
Por eso formar ciudadanos puede ser menos visible que construir infraestructura o reformar una institución, pero no es una tarea secundaria. Sus resultados no aparecen necesariamente durante un período de gobierno y son difíciles de medir mediante indicadores inmediatos. Sin embargo, una sociedad que descuida esa formación termina trasladando cada vez más responsabilidades hacia controles externos, porque disminuye la capacidad de regulación interna de sus propios miembros.
La democracia comienza a debilitarse cuando recordamos al ciudadano únicamente cuando necesitamos su voto. Para entonces, buena parte del trabajo ya debería haberse realizado. La decisión electoral importa, pero está precedida por años de formación familiar, educativa, profesional, cultural y ética que condicionan la manera en que una persona comprende su libertad y su responsabilidad frente a los demás.
Antes de preguntarnos por quién votará una sociedad, conviene preguntarnos qué clase de ciudadanos está formando. La respuesta permite comprender mucho más que una elección. Permite anticipar la calidad de las instituciones que esa sociedad estará en condiciones de construir, exigir y preservar.
